Las licencias psicológicas le cuestan 11 millones de pesos por mes al Poder Judicial. Son 53 los casos en la actualidad entre magistrados, funcionarios y empleados. Ahora, analizan cada uno de los casos para determinar si hay “pícaros” utilizando estos recursos.
Desde que el Ministerio Público Fiscal (MPF) elevó un informe al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para revisar las licencias psicológicas que hacen resentir el servicio de justicia, estalló el escándalo en los pasillos de la Ciudad Judicial.
Hay al menos unos 17 magistrados, fiscales y defensores que tienen licencias extendidas que superan los 35 días, de los cuales hay 10 que tienen certificados que van de los 100 a los 835 días.
Este es el bloque más crítico porque son funcionarios de gran responsabilidad dentro del Poder Judicial y al estar de licencia, sus pares se ven recargados en las tareas, lo que genera gran malestar interno.
Sus salarios están por encima de los 120 mil pesos y escalan hasta los 220 mil. En total, este grupo le significa a la Justicia una erogación mensual que ronda los 5 millones de pesos.
Los 36 pacientes restantes son profesionales, administrativos y personal de maestranza que también están con certificado psicológico y psiquiátrico y le representan otros 6 millones de pesos mensuales al Poder Judicial.
La cifra duplica al personal que está en la actualidad con licencia física. Del total de los pacientes psicológicos, 17 son jueces, fiscales y defensores que cobran entre 120 mil y 220 mil pesos.
La cifra duplica al personal que está en la actualidad con licencia física. Del total de los pacientes psicológicos, 17 son jueces, fiscales y defensores que cobran entre 120 mil y 220 mil pesos.
