El ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem inició desde esta mañana su quinto juicio oral y público por corrupción en sus dos gobiernos, de 1989 a 1999. Esta vez es por un hecho de hace 27 años: la venta en 1991 del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural por 100 millones de pesos/dólares menos de su valor real.

El ex mandatario ya tiene dos condenas (por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador y el pago de sobresueldos a funcionarios) pero ninguna está firme; una absolución (por la cuenta bancaria que tenía en Suiza); y actualmente está siendo juzgado por el encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA en la que tiene pedidos de condena de la Fiscalía y las querellas.

Desde hoy, Menem comenzó a ser juzgado junto al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y otras 10 personas, entre ex funcionarios y privados. La acusación es por el delito de peculado, que tiene una pena de dos a 10 años de prisión, según informaron a Infobae fuentes judiciales.

Ambos estuvieron presentes en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py donde se realizó la primera audiencia del juicio. Estuvieron acompañados por dos mujeres que fueron relevantes cuando estaban en el gobierno. Menem por su hija Zulemita y Cavallo por su esposa, Sonia Abrazian.

En el proceso se juzgará que el 20 de diciembre de 1991 Menem firmó un decreto a través del cual vendió de manera directa el predio de Palermo a la Sociedad Rural. En mayo de 1992, Cavallo suscribió el boleto de compra venta. La operación se hizo por 30 millones de dólares. La causa judicial se inició en 1999 por una denuncia que presentó la Asociación Amigos del Lago Palermo.

El fiscal federal Carlos Stonelli -quien estuvo presente en la primera audiencia- hizo en 2014 el pedido de elevación a juicio del caso en el que sostuvo que el predio en realidad valía 131.800.000 pesos, que también eran dólares ya que en ese momento regía la convertibilidad. También señaló que la venta fue ilegal porque se le dio al predio el carácter de un bien privado del estado cuando en realidad era público y propiedad del estado nacional y por lo tanto su aprobación debía pasar por el Congreso Nacional.

El juicio se inició poco después de las 10:30 horas en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro. Quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado en este caso por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y José Michilini, y por las fiscales federales Gabriela Baigún y Dafne Palópoli, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Está previsto que declaren 40 testigos y se estima que dure cerca de tres meses.

Es el mismo Tribunal Oral que juzgó y condenó la tragedia ferroviaria de Once, que actualmente está haciendo el juicio por las irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA -en el que Menem es uno de los acusados- y que tiene el proceso contra la ex presidente Cristina Kirchner y otros ex funcionarios por las irregularidades en la entrega de obra pública al empresario detenido Lázaro Báez.

Desde un principio, se dispuso que Menem y Cavallo tendrían que estar presentes en el inicio del juicio. El ex ministro de Economía había pedido no concurrir por problemas de salud. Pero el Tribunal rechazó el planteo al señalar que la ley obliga a los acusados a estar presentes en la lectura de la acusación -lo que ocurre en la primera audiencia- y en las indagatorias. Cavallo fue autorizado a no asistir a las declaraciones de los testigos y se ordenó que sea revisado por el Cuerpo Médico Forense.

Pero durante la primera audiencia el tribunal autorizó a Menem y a Cavallo a retirarse antes. El ex ministro se retiró porque tenía un turno médico para un tratamiento que está realizando y Menem alegó que tenía trabajo en el Senado.

La jornada de hoy estuvo dedicada a la lectura de la acusación a los imputados. Menem se sentó en primera fila frente al tribunal y junto a su abogado, Omar Daer. Cavallo se sentó atrás en la segunda fila. El próximo miércoles será el turno de las indagatorias.

El resultado del juicio es esencial para el futuro del predio. En caso de que haya condenas, la Fiscalía podrá pedir que el lugar sea restituido al estado nacional. Hoy sigue siendo de la Sociedad Rural. En 2012, la entonces presidente Cristina Kirchner -que comparte el Senado con Menem- dictó un decreto por el que revocó la venta del predio y dispuso que vuelva al estado. Pero la Sociedad Rural se presentó en la justicia y un fallo tiene frenado la aplicación del decreto.

Junto con Menem y Cavallo comenzaron a ser juzgados los entonces presidente y secretario de la Sociedad Rural, Ricardo de Zavalía y Juan Alberto Ravagnan, respectivamente; dos ex funcionarios del Ministerio de Economía; y seis ex funcionarios del Banco Ciudad y del Banco Hipotecario, quienes tasaron el predio en 30 millones de dólares.